La Fundación pro Construcción del Centro Penal Sampedrano sigue con sumo interés las reacciones tras la tragedia de Comayagua, interpretándola como el “hasta aquí” definitivo en el sistema penitenciario que requerirá reformas legislativas, pero, sobre todo, exige hechos, obras, nuevas instalaciones que no deben ser ignoradas o cubiertas por el debate sobre instalaciones eléctricas o cifras de la sobrepoblación o hacinamiento en todos los reclusorios.

Menos palabras y más hacer debe ser la orden del día en honor a las víctimas, en reparación al dolor de las familias y en compensación al pueblo sampedrano que lleva décadas impulsando la reubicación del presidio sin lograr arrancar un compromiso sincero, no palabras hipócritas, para proporcionar instalaciones menos inhumanas a los privados de libertad y seguridad a la población de barrios y colonias cercanos al reclusorio.

Recientemente el presidente del Comité, el obispo Rómulo Emiliani, anunció que este año comenzaría las obras, aunque no pudo contener una buena dosis de frustración ante la amenaza, real no inventada, de burocracia y de enredos jurídicos que obstaculizan el inicio y el desarrollo de la obra.

Pero chocan los burócratas y los leguleyos con personas de principios y de fe dispuestas a seguir librando la batalla en defensa de la dignidad de los más de dos mil presos en el penal sampedrano.

Es admirable cómo durante años ni la indiferencia ni la negativa de los gobiernos han logrado terminar con lo que consideran “piedra” en el zapato o dedo en la llaga. Ha llegado el momento y los miembros del Comité esperan que esta semana, por fin, se dé el paso definitivo con el traspaso de la propiedad, no una promesa más, donde se reubicará el presidio.

“La fundación lo único que quiere es que la dejen construir el centro penal”, expresa la exgobernadora y exdiputada Ilsa Díaz Zelaya, quien reconoce que sin la propiedad del terreno, “nos sacan” como ya ocurrió.

Si aquel bendito decreto de emergencia en los presidios, en palabras del pueblo, no sirvió de nada, quizás ahora con la gran tragedia golpeando la conciencia nacional y ubicándonos en la mira internacional, el gobierno haga algo más que medio reparar la desgracia, máxime cuando hay personas dispuestas a llevar adelante el proyecto con más agilidad, eficiencia y honradez en la utilización de recursos a como nos tienen acostumbrados políticos y funcionarios.

No será necesaria la licitación, mucho menos los contratos con los cuales los negocios quedan más de un lado que de los proyectos en beneficio de la sociedad. En Olancho, la iniciativa personal de un religioso también es modelo que no se ha publicitado ni se ha imitado porque el sistema carcelario está invadido de células cancerígenas cualquiera sea el lado o el ángulo que se mire. En San Pedro el nuevo presidio es meta para este año, no sigan estorbando, ayuden por la dignidad de los reos y seguridad de la población sampedrana.