¡Se lució el Poder Ejecutivo! Si hace unos días se cifraban las esperanzas en que las cuentas del próximo ejercicio fiscal obligasen a corregir errores, disminuir gastos y atacar directamente la adicción a endeudarse, el anteproyecto presentado al Poder Legislativo es la negación oficial del “bien hacer” y la afirmación también oficial de que el control y la transparencia no hallan sitio en la agenda de este Gobierno.

La reducción en el Presupuesto de 2013 era estimada, con cálculos conservadores, en un 10% distribuido en el ahorro del gasto corriente y en la consideración de la debilidad en los ingresos, sobre los que fallan los cálculos, las previsiones y los intentos de mejorar la recaudación fiscal.

Si al porcentaje anterior, que ni siquiera fue considerado por el Gobierno, le sumamos el incremento, tendremos un 24% de aumento sobre la cantidad que era considerada razonable, prudente y manejable para el próximo año.

¿Inflado el presupuesto? ¿Jugada política? ¿Imposición externa? Las preguntas se pueden multiplicar, pues el descalabro financiero sigue mostrándose en las múltiples dificultades para atender los más inmediatos compromisos, en las soluciones inmediatas que nos acercan cada vez al precipicio y la necesidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recuperar la confianza y la credibilidad en el exterior.

“Gobierno está amparado en ley”, reacciona Julio Raudales, ministro de la Secretaría de Planificación y Cooperación Técnica, a las críticas. No se halla el debate en el plano de la legalidad o ilegalidad, sino en el de la adopción y el uso de medios para una óptima utilización de los recursos del Estado que, como es del conocimiento universal, escasean. Y como alumnos con página aprendida de memoria repiten el lema: buscamos mejorar la recaudación tributaria. Lo de gasto, recortes y austeridad no toca ni la periferia de los círculos de poder. Así, ¿cómo?
La escalada en las cuentas públicas seguirá marcando los presupuestos anuales, pues se ha llegado a un nivel en que la burocracia y los bonos, obligaciones financieras a corto plazo, consumen tal cantidad de recursos que se afectan partidas de inversión pública que, además de rescatar y mejorar la infraestructura del país, proporcionarían masivas oportunidades de empleo.

El impacto ha sido fuerte. Habrá que estar alerta y esperar a ver qué rumbo toma el Parlamento, no sea que todo haya sido de compadre hablado. Para diciembre se anuncia el debate sobre las cuentas anuales. Desde ahora debiera garantizar la directiva del Congreso que habrá transparencia con tres debates, con los días que sean necesarios para las exposiciones, con la entrega oportuna de la documentación a los diputados y con un horario en el que ni el sueño ni el hambre decidan la votación. Sobran bonos y falta austeridad, ahorro y trabajo.