Los resultados del ajuste fiscal al que se comprometió el gobierno resultaron insuficientes en relación a las promesas expresadas. Con su acostumbrado lenguaje parco el FMI constata algunos avances pero incumplimiento en variables claves para su enfoque. Con esto los acuerdos con el organismo entran nuevamente en crisis al no cumplirse la meta de reducción del déficit del gobierno central. Se repite el juego en que caen todos los gobiernos y todas las misiones del FMI en Honduras: se ponen de acuerdo en algo que todos saben que no se quiere ni se puede cumplir. Hay varias situaciones que intervienen en esto.

Por un lado está el gobierno sin disposición real de entrarle a las profundas reformas fiscales que son necesarias. Se lo han prometido al FMI en innumerables ocasiones, pero ningún gobierno de turno ha desmantelado los mecanismos por donde se desperdician los recursos públicos. Los amagos esporádicos en algún par de instituciones se descargan solamente en las planillas de los empleados de más bajo rango. Mientras tanto, el gasto desenfocado y beneficiando a la clientela política sigue siendo la regla. Ahora se ha vuelto la moda que estos proyectos, cuando les urge a los gobernantes, se hacen con mecanismos poco transparentes evadiendo los procedimientos de las licitaciones que definitivamente significa abrir las puertas a la corrupción. En cuanto a los esfuerzos en mejorar la recaudación, las tibias iniciativas chocan con una serie de intereses económicos que no permiten la aplicación de la normativa tributaria a cabalidad para todos y se emprenden precisamente en los peores momentos del ciclo económico. Tampoco se hace lo suficiente para combatir el delito en las aduanas del país, por donde pasan los productos importados de varios poderosos sin tocar tablita.

Además está también el FMI pregonando en los países del tercer mundo ajustes fiscales sin considerar cabalmente el contexto nacional y regional en que se realizan. Las proyecciones siguen indicando peligros y poco crecimiento a nivel continental con consecuencias sociales que exigen un apoyo a la inversión y al consumo que al menos en Honduras no han alcanzado el nivel previo a la recesión mundial. Bajo las condiciones actuales exigir recortes rápidos que conduzcan a mejorar el déficit de un año para otro es ilusorio. Se trata entonces de tirar la red de protección por medio del consumo y la inversión pública para los más pobres y afectados.

Estamos en una situación entonces donde cada quien tiene su excusa para explicar lo sucedido. El gobierno puede culpar a la crisis mundial sin haber intentado seriamente cumplir con el ajuste y el FMI sin haber considerado el impacto social de sus medidas puede achacar el fracaso a la incapacidad de los gobiernos de emprender reformas. Pero ninguno de los protagonistas tiene intenciones de cambiar su enfoque. El FMI seguirá pregonando sus planes de austeridad pero ahogando el crecimiento, mientras los altos funcionarios hondureños continuarán complacidos reduciendo algunos gastos y sonriendo cada vez que repartan a sus allegados una rodaja del presupuesto que no les corresponde.