El titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, Enrique Castellón, dijo ayer que mediante una orden judicial, emitida por el Juzgado de lo Contencioso Adminsitrativo de San Pedro Sula, se le ordenó atracar  el barco UBC Sacramento y trasladar el grano a poder de la autoridad aduanera, lo que presupone una incautación del cargamento.

 “La orden judicial, sin embargo, no me pide que introduzca el producto al país sin el pago de aranceles”, dijo el funcionario.

El desembarco del grano se efectúa 35 días después de que el buque anclara frente a las costas hondureñas y 26 días después que los productores arroceros denunciara un nuevo “arrozazo”, como se dio a conocer la importación masiva e irregular de ese grano básico. Las operaciones de descarga contaron con la presencia de un nutrido grupo de elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Una fuente de la DEI informó que de la misma forma se procedió a desembarcar el  cargamento de maíz que llegó en la misma embarcación, y que viene amparado por el Tratado Cafta.

La fuente de la DEl expresó que la operación de descarga de este otro grano tardará unos cuatro días, para luego proceder al desembarco de más de 4,000 toneladas de arroz  destinadas a cuatro molinos.

En total, en la embarcación “vienen unas 14,382 toneladas de arroz, de las cuales se estima que 10,076 tendrán que pagar el arancel correspondiente de un 45% y el resto entran exoneradas de este  arancel porque su importación se efectúa en el marco del Cafta”, precisó la fuente.

El pago del arancel de importación de arroz supone 48 millones de lempiras en concepto de impuestos. “Si el  importador se niega a cancelar este impuesto, entonces se ejecutarán las fianzas y luego se permitirá el ingreso del arroz”, sentenció el director de la DEI, quien dijo que el total a pagar sería de unos 37 millones de lempiras.