El Gobierno de la República está buscando los medios para asegurar que la producción nacional de arroz no vuelva a ser afectada por las importaciones irregulares.

Ayer, en Consejo de Ministros, el viceministro de Comercio Exterior, Melvin Redondo, dio a conocer un borrador del decreto para asegurar que la producción nacional de arroz sea comprada y se evite arrastrar saldos de desabasto de años anteriores.

La iniciativa del decreto apunta a que la determinación del volumen de desabasto será hecha a más tardar en junio de cada año y posteriormente se presentará a consideración de una comisión de seguimiento integrada por representantes del Gobierno, sector privado y productores.

El documento señala además que se evitará arrastrar saldos no importados de desabasto de un año  para el período siguiente. “Los certificados de importación solo tendrán validez dentro del período de vigencia y podrán ser prorrogados únicamente dentro del mismo año base, con base en los requisitos y procedimientos de ley”, estipula la iniciativa de ley.

Precisamente fue ese punto del establecimiento de la situación de desabasto el que impidió que el documento se aprobara y se convirtiera en ley.

Pidió a los responsables

Lobo también quiso quitarse uno de los tantos golpes que le han asestado desde su propio gabinete y pidió que se den a conocer los nombres de los industriales involucrados en la entrada de cuatro mil toneladas de arroz supuestamente destinado a programas sociales.

Por ello pidió que “en el informe que den ustedes indiquen quiénes fueron los que autorizaron al viceministro de Agricultura que hiciera la petición a la SIC, qué agroindustrial estaba ahí. (...) Así como se sabe quién era el viceministro, quién es el ministro de la SIC, que me digan quién era el industrial que dijo que había ese desabasto igual quien era el productor, porque es bien importante para establecer la película completa”. Así, no quedará nadie “escondidito allá”, dijo en referencia a sacar a luz a todos los que estuvieron implicados en la polémica importación.

Apoyan iniciativa

Rito Padilla, representante de los productores de arroz, aplaudió el hecho que se pretenda evitar el arrastrar cuotas de desabastos de años anteriores.

“Ese es el gran problema que tenemos, que los industriales arrastran los desabastos de un año al siguiente y eso no se vale, porque afectan nuestras producción”, explicó el productor.

Padilla dijo además que es importante que el Gobierno considere también fijar el precio de garantía en octubre de cada año, ya que “con esto se evitará que a los productores se les pague menos del precio; entonces, esa producción ya viene con una salvaguarda para cada productor”, aseguró.

Insisten en pago de arancel

Con respecto al embarque de arroz que desató la polémica en el sector, el titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, Enrique Castellón, informó ayer que luego de haber revisado la documentación pertinente, determinaron que de las 14,000 toneladas, 4,000 vienen protegidas bajo el acuerdo Cafta, mientras que las 10,000 restantes deberán pagar el 45% de arancel.

“Tienen que pagar un impuesto que puede oscilar entre 31 y 38 millones de lempiras. Ya le comunicamos al importador que está obligado a pagarlo, porque de lo contrario nos veremos en la penosa necesidad de devolver el producto hasta su puerto de origen”, dijo Castellón.

Inicialmente se había informado que el monto de los impuestos a pagar era de 48 millones de lempiras, pero ese cálculo no tomaba en cuenta  los volúmenes exactos del grano; pero ahora “estamos en mejor posición de dar una cifra más exacta”, refirió Castellón.